hasta siempre, Arturo Corcuera

¿Qué está pasando con el caso Accomarca? Crónica de una sentencia dilatada

Escriben: Jo-Marie Burt y María RodríguezFoto de portada: Diario La República

Publicado: 2016-03-02

En agosto del año pasado se conmemoró 30 años de la masacre de Accomarca donde perecieron más de 60 personas a manos de miembros del Ejército peruano. Varios comentábamos que ese año 2015 era el año de la sentencia. El juicio había iniciado en noviembre de 2015. Cinco años de juicio oral, a 30 años de la masacre. Ya era hora que el juicio culmine.  

Nada más lejos de la realidad. Desde que iniciaron los alegatos finales, con la intervención del fiscal Luis Landa el 23 de julio de 2015, se han programado 25 sesiones. De ellas, la tercera parte (8 sesiones) fueron suspendidas y no se realizó la audiencia. Es decir, los familiares del caso Accomarca que esperan justicia hace más de 30 años llegaron al penal Castro Castro, esperaron entre 1 y 2 horas la llegada de los jueces (que siempre llegan tarde) para escuchar en una audiencia de 5 minutos, que por ausencia de los abogados de la defensa o problemas de salud de los magistrados, ésta era suspendida.

Cuadro resumen de audiencias del caso Accomarca del 23/07/2015 al 20/01/2016

Evidentemente, la gran mayoría de audiencia de alegatos finales ha sido de la defensa. Son 29 acusados. Sin embargo, debemos mencionar que quien ha llevado a extremos el derecho a la defensa de los procesados (por supuesto, con la venia de los magistrados) es el Estudio Nakasaki, quien patrocina a los altos mandos acusados como autores mediatos de la masacre de Accomarca .

A la fecha, el Estudio Nakasaki, representado por el abogado César Pérez, ha ofrecido la requisitoria oral de tres procesados: Carlos Darío Pastor Delgado Medina, Manuel Aparicio Saldaña y Helber Galvez Fernández. Para ello, ha utilizado 8 sesiones. Esto significa que la tercera parte de las audiencias para alegatos de cierre hasta hoy tomadas, han sido para defender sólo a 3 de los 29 procesados del caso.


¿Qué dice el estudio Nakasaki?

El caso ha ingresado en una etapa de modorra procesal, casi interminable. Los jueces cabecean, cierran los ojos, a veces solo se sostienen con el brazo hasta que les vence el sueño y despiertan. Los abogados de los acusados también cabecean. Algunos ya ni acuden a las audiencias (hace varias semanas que no vemos a Jorge Petrozzi, el último abogado de Telmo Hurtado. Cabe mencionar que el Fiscal Luis Landa tampoco se aparece). Los familiares escuchan, a veces también les vence el sueño. Pero generalmente están atentos, resaltando que ni ellos ni sus familiares son “delincuentes terroristas”.

Los alegatos del Estudio Nakasaki, sesión tras sesión, giran alrededor del mismo punto: que la requisitoria del Ministerio Público ha sido deficiente e imprecisa, que no existen pruebas de cargo que sustenten la acusación y que la principal prueba del Ministerio Público, el testimonio de Telmo Hurtado, es una declaratoria contradictoria y con errores, que ha sido refutada por sus co-acusados, y que además está cargada de “sentimientos negativos”, esto es, que la confesión de Hurtado en el juicio oral que diera el 09 de abril de 2012, que quebró la narrativa oficial de la masacre de Accomarca, tiene “motivaciones turbias y espurias; frustración, odios, envidias y resentimiento social”. Es decir, Hurtado ya no es el oficial que se volvió loco por el síndrome de Vietnam. La defensa ni siquiera tiene la intención de explicar por qué Telmo Hurtado asesinó a sangre fría a tantas personas. Solo es un resentido social.

Pero en las últimas semanas de audiencia no solo hemos escuchado los interminables alegatos de la defensa de la cúpula militar. Gracias a diversas reuniones donde participaron familiares del caso, el Instituto de Defensa Legal (IDL) como representante de la parte civil, el Equipo Forense Especializado y la CMAN, se logró identificar algunos vacíos que el tribunal puede resolver en tanto siga abierto el proceso judicial.

El día 9 de diciembre del año pasado, Carlos Rivera como abogado de las víctimas, realizó una serie de pedidos de carácter humanitario que tienen que ver con el derecho a la verdad de los deudos: Solicitó que el tribunal dispusiera la devolución de restos que están ya identificados en el Instituto de Medicina Legal de Ayacucho. Así también, refirió que hay un conjunto de restos exhumados (unas 17 personas) de la fosa de Atuspata 3, que no han sido examinados mediante pruebas de ADN porque no existe una orden judicial. Finalmente dio a conocer que en setiembre de 1985, luego de la visita de la Comisión Investigadora del Congreso, se trasladaron 8 cuerpos de accomarquinos y accomarquinas asesinados durante la masacre. Estos cuerpos después de ser identificados, fueron trasladados a la morgue de Ayacucho. Sin embargo, a la fecha, dichas personas están como desaparecidas.

El tribunal decidió iniciar comunicación con las instancias respectivas. Refirió que aunque la parte procesal de identificación de restos o de incorporación de pruebas y de testigos ya concluyó, es derecho de las víctimas conocer el paradero y la identidad de sus seres queridos, y así poder cerrar el duelo.


Un caso adicional

Los problemas de comunicación no cesan allí. En la última sesión del 20 de enero, llegó de Accomarca el señor Emilio Baldeón, hijo de Martín Baldeón Ayala y Paulina Pulido Palacios, accomarquinos que fueron detenidos y desaparecidos en la Base Vilcashuamán en setiembre de 1985. Los dos esposos figuran en la acusación fiscal como víctimas del caso Accomarca. El jefe de la base y principal acusado de la desaparición forzada de las dos víctimas es Helber Galvez Fernández, quien en ese entonces era conocido como el capitán Alberto Sanabria.

Emilio Baldeón llegó a la audiencia con un documento, la Resolución N° 98-2015-MP-FN-FSPA-01 de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, que solicita a la Sala Penal Nacional disponga la exhumación de las fosas comunes existentes en el sitio de Uchkuswayqui, cerca a la ex base de Vilcashuamán, donde presuntamente estarían los esposos Baldeón Pulido. El documento es de febrero del 2015 -¡casi un año atrás!-, pero nadie sabe qué pasó con el documento ¿La resolución nunca salió de la Fiscalía de Ayacucho? ¿O se traspapeló en la Sala Penal Nacional? Cuando Carlos Rivera evidenció el caso y el flagrante descuido del sistema de justicia, la sorpresa fue evidente, no solo para el tribunal, sino también para el propio Helver Gálvez, cuyos alegatos finales fueron oralizados por su abogado a fines del año pasado.


Los jueces se van de vacaciones…

El mismo 20 de enero, al finalizar la audiencia, los jueces cerraron la sesión con un nuevo anuncio. No habrá sesiones del caso Accomarca durante todo el mes de febrero por su descanso vacacional. Algunos familiares bajaron la cabeza. Otros alzaron los brazos. ¿Más tiempo? ¿Por qué dilatan más el juicio? ¿Por qué tanto desinterés? El secretario de la sala nos comentó que a los jueces no les preocupa expresamente acabar pronto este juicio porque ninguno pertenece a la Sala Penal Nacional. En ese sentido, la sentencia no les sumará ni les restará puntos en sus récords procesales.

Sin embargo, Carlos Rivera manifestó que haciendo los cálculos de las fechas, la sentencia se estaría dictando en el mes de abril. Es decir, en plena elecciones presidenciales, fecha en la que los medios de comunicación y la ciudadanía estarán ensimismados en el proceso electoral. La atención a una sentencia de un caso de derechos humanos ocurrido hace más de 30 años, sería escasa o nula. No es coincidencia.

Continuar un proceso judicial de un casos de derechos humanos por tanto tiempo, es desgastante. No sabemos cuán tarde llegarán los magistrados; no sabemos cuánto durará la audiencia o si será suspendida. Pero los familiares no se detienen. Para ellos no hay vacaciones. Pese a la lejanía, el cansancio y la impotencia, todas las semanas, en todas las audiencias, la sala se llena de familiares. Entre 15 y 20 personas llegan de Ate Vitarte, Los Olivos, El Callao, Chorrillos. Hijos y primos. Cuñadas y nietas. Soportan estoicamente el calor y la indolencia de los jueces que no tienen vergüenza de llegar una o dos horas después de la programación que ellos mismos establecen. Soportan también a los abogados de los militares que no tienen problemas en llamar “delincuentes terroristas” a los accomarquinos asesinados. Y soportan a los acusados militares que en cada sesión que transcurre sonríen más, y alegres comentan que “van bien” en el juicio. Que lo pueden ganar.

No bajemos la guardia.


Escrito por

Jo-Marie Burt @jomaburt

Politóloga por formación, activista de derechos humanos por vocación. Profesora en George Mason University y Senior Fellow de WOLA.


Publicado en

A contracorriente

un blog de Jo-Marie Burt