Escriben: Jo-Marie Burt & María Rodríguez Jaime (*)

El juicio por el caso de la masacre Accomarca está llegando a su etapa final, 30 años de una de las masacres más crueles del conflicto armado interno que se vivió en el Perú. El juicio se ha demorado casi cino años de juicio oral. Durante este tiempo, se ha escuchado las versiones de los 29 militares imputados en el caso, incluyendo las declaraciones de Telmo Hurtado, quien fue extraditado desde Estados Unidos para ser juzgado en este proceso; así como el testimonio de decenas de sobrevivientes, familiares, y testigos. En dos ocasiones anterios se postergó el comienzo de los alegatos finales, pero se espera que hoy día si el Ministerio Pública comienza con la presentación de su argumento sobre el porque los 29 militares acusados deben ser condenados por la masacre cometido el 14 de agosto de 1985 de 69 campesinos de Accomarca.

La culminación del juicio se da en un contexto complicado: la semana pasada se desató un escándalo de corrupción que involucra a dos de las juezas del colegiado de la Sala Penal Nacional que deben decidir el destino de los 29 militares acusados en el caso1. Una investigación periodística de César Romero de La República develó la existencia de una serie de correos entre la jueza y un general de brigada del Ejército peruano (y miembro de la promoción de Ollanta Humala), Marino Ambía Vivanco, que demostrarían que a cambio de favores y regalos, la jueza arregló una sentencia absolutoria a favor del general en el caso Matero. Los correos también llegan a sugerir que la jueza estaba dispuesta a organizar una red de jueces con el mismo fin en otros casos, algo que tal vez ayude a explicar el hecho de que casi la totalidad de sentencias firmadas por la Jueza Bendezú en casos de derechos humanos han sido absolutorias2. Los abogados que representan las víctimas en varios casos de derechos humanos comenzaron a recusarle a Bendezú de los procesos donde intervenía la jueza. En tiempo récord, haciendo éco a la demanda de los familiares y organizaciones de derechos humanos, la Jueza Bendezú fue reemplazada como jueza del colegiado de la Sala Penal que ve casos de derechos humanos.3

En el caso Accomarca, sin embargo, que está por culminar, recusar a la Jueza Bendezú significaría quebrar el proceso. En la justicia peruana, sólo está permitido un cambio de juez en un proceso; en el caso Accomarca ya se dio eso en una ocasión anterior casi al inicio del proceso. Quebrar el proceso no sólo significaba tener que comenzar de nuevo luego de cinco años ya trascurridos en el juicio. También significaba la posibilidad de uno de los elementos más significativos del proceso —el hecho que Telmo Hurtado se confesó su responsabilidad en la masacre— no se vuelva a dar en un nuevo proceso. Todo lo realizado ene ste juicio quedaría anulado. Eso es significativo puesto que Telmo Hurtado no sólo reconoció su propia responsabilidad en Accomarca aquel 14 de agosto de 1985; también dijo que lo que sucedió en Accomarca no correspondió a ningún acto de locura, como lo ha querido pintar algunos de sus co-acusados, ni de un “exceso” de los suboficiales y soldados; mas bien, él ha afirmado tajantemente que él y los demás militares actuaban ese día según la doctrina militar de la época, que entendía al enemigo interno como algo absoluto que necesariamente tenía que ser eradicado en su totalidad, tal como lo dijo alguna vez el General Cisneros, que afirmó a un medio local que matarían 60 y tal vez sólo tres sería subversivos, pero eso era el costo de la guerra. Tal doctrina llevó a las fuerzas armadas a cometer masacres indiscriminadas, ejecuciones extrajudiciales, y la desaparición forzada de personas que sospechaban de estar involucrados de una u otra manera con Sendero Luminoso.

Los familiares del caso tuvieron que enfrentar, entonces, una decisión sin salida a pocas semanas de ver sus sueños de alcanzar la justicia, denegada por tantos años, realizarse. De tal manera, tomaron la difícil decisión de no recusar a la jueza para evitar el quiebre del proceso, sabiendo de que existe la posibilidad de que, como en el caso Matero, ya se haya dado algún arreglo para absolver a los implicados.

Breve recuento del juicio Accomarca

Quince sobrevivientes de la masacre han prestado sus testimonios en este juicio. Las más jóvenes tenían entre 9 y 12 años cuando ocurrió la masacre. Ellas, siendo niñas, presenciaron la incursión de las patrullas militares lideradas por los sub-oficiales del Ejército, Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón, a la quebrada de Lloqllapampa. Ellas vieron a los miliatres acorralar a sus madres y padres, sus abuelos y abuelas, sus hermanos y hermanas, sus vecinos, a una de las casas que quedaba en medio de la pampa, con el pretexto de realizar una asamblea. Cirila Pulido relató a la sala cómo los militares obligaron a las mujeres salir de sus casas con sus hijos, al igual que los ancianos.4 La madre de Cirila, así como su hermanito de 8 meses, seguieron las instrucciones de la patrulla militar, lo cual les llevó a la muerte, delante de los ojos de la pequeña Cirila. La mamá de Cirila, con su hijo sobre sus hombros, fue encerrada en esa casa, junto con decenas de pobladores de Accomarca. Todos murieron abaleados y carbonizados.5

En el mes de noviembre del año 2013, en la Sala Penal Nacional de Huamanga, también se dio una sesión continuada de testigos de la masacre. Nueve de ellos, la mayoría personas ancianas y quechuahablantes contaron lo que vieron y cómo se escondieron de los militares, para no morir como sus familiares y vecinos6. A su vez, testificaron varios ex congresistas sobre la visita que realizaron a Accomarca como miembros de la comisión conformada poco después de dar a conocer públicamente la masacre, unas semanas luego de los hechos. Prestaron declaraciones los ex senadores Javier Diez Canseco7 y Cesar Rojas Huaroto, así como el ex diputado Fernando “Popy” Olivera. Cada uno dio cuenta del estado de miedo que imperaba en Accomarca, tres semanas después de la masacre. Era un pueblo fantasma, y de hecho, los ex parlamentarios relataron del hallazgo de cadáveres recién asesinados. Si el juicio vuelve a foja cero, se anularán todos estos testimonios, y quizás varios de los testigos —como sería el caso de Javier Diez Canseco— ya no estén vivos para entregar nuevamente su testimonio en un segundo juicio oral.

Otro de los testimonios que probablemente no volveremos a escuchar en un segundo juicio, es lo dicho por Telmo Hurtado cuando le tocó ser interrogado por el Ministerio Público a partir de abril del 2012. Como se recordará, después de develada la masacre, Hurtado se autoinculpó como el responsable de la matanza. La prensa lo denominó “El Carnicero de los Andes” por la crueldad del crimen, un apodo que lo ha perseguido toda la vida y que según uno de los abogados que ha tenido durante el proceso, le causa particular incomodidad. Fue investigado, pero como fue común en aquella época, el caso fue derivado a la justicia militar, y fue condenado sólo a 6 años de cárcel por “abuso de autoridad”. En 1992 se benefició por las leyes de amnistía emitidas durante el gobierno de Alberto Fujimori, y en 1998 el Instituto de Defensa Legal (IDL) descubre no sólo que no está cumpliendo su pena sino que seguía siendo un miembro activo de las fuerzas armadas y que había sido ascendido. Luego de que las leyes de amnistía fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001, Hurtado —previendo que su autoinculpación de ataño lo iba a complicar la vida— huyó, disimuladamente, a Estados Unidos. Vivió en Miami unos cinco años hasta que fue descubierto por Interpol y el Estado peruano pidió su extradición. Hurtado agota todos los mecanismos en el sistema legal estadounidense, pero perdió. En julio del 2011, Hurtado es extraditado y llevado a prisión. Poco después es incorporado al juicio por el caso Accomarca, lo cual ya lleva varios meses de desarrollo. De hecho, Hurtado tuvo estos meses para escuchar las intervenciones de los abogados de sus coacusados, entre ellos varios de sus oficiales superiores. Ahí Hurtado cayó en la cuenta de que nuevamente él era el chivo expiatorio: todos, desde los altos mandos, los otros mandos medios hasta los soldados de la tropa lo incriminaron a él, el “Carnicero de los Andes,” como el único responsable. Un loco, un demente, un oficial demasiado joven y con poca experiencia, un afectado por el “síndrome de Vietnam” que le llevó a masacrar a 69 campesinos sin piedad.

Hurtado demoró varias semanas en ser interrogado, quizás dudaba sobre qué decir. Finalmente, el 9 de abril de 2012, Hurtado respondió a las preguntas del Fiscal Luis Landa sobre la verdad de la masacre de Accomarca. En primer lugar, que en 1985 él no estaba loco, sino que era un joven oficial dispuesto a cumplir con su deber militar en la guerra contrasubversiva. La masacre no fue un acto espontáneo sino una orden emitida por el Estado Mayor, y si se autoinculpó fue por cumplir la obediencia debida que exige la doctrina militar. Además, no fue esa la primera vez que se cometieron diversas ejecuciones extrajudiciales. Con su confesión, Hurtado buscó limpiar su nombre y el de su hijo, y sin quizás sin proponérselo, coincidió con lo planteado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esto es, que durante el conflicto armado interno no se cometieron “excesos” sino que hubo una política de violaciones a los derechos humanos contra la población civil. La confesión de Hurtado abre la posibilidad de que el Tribunal evalue seriamente la responsabilidad mediata de los altos mandos militares en este caso. Una masacre que, según el testimonio de Hurtado, no fue aislado sino parte de la doctrina militar de cómo luchar contra el terrorismo: eliminando el enemigo, que en aquel momento era definido como el las comunidades campesinas que Sendero pretendió liderar hasta la instalación de una utopia comunista pero a cambio les trajó sangre y dolor. El testimonio de Hurtado ha logrado cuestionar la versión oficial de las fuerzas armadas, que niega tajantamente que hubieron violaciones sistemáticas sino tal vez una que otro “exceso” cometido por suboficiales como Telmo Hurtado sin experiencia o sicópatas. Pero el desarrollo del proceso en las últimas semanas sugiere que hay quiebres más profundos entre los diferentes sectores militares. Eso sería analizado en la próxima entrega. 

NOTAS

1. Algunos de los acusados han fallecido y otros están prófugos de la justicia. Actualmente asisten a la audiencia sólo 16 de los imputados.

2. La nota periodistica fue de César Romero, “Emails revelan presunto acuerdo para absolver a militar,” La República, 11 de julio de 2015.

3. Más información, aquí. 

4. Testimonio de Cirila Pulida, Sala Penal Nacional, 23 de octubre de 2012.

5. Hemos observado el juicio por el caso Accomarca desde su inicio, y hemos publicado varias notas al respecto. Ver por ejemplo aquí y aquí.

6. Ver aquí. 

7. Ver aquí. 

Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2da. ed.; puede descargarse gratuitamente aquí). En 2010 tuvo la cátedra "Alberto Flores Galindo" en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es actualmente Senior Fellow de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net). 

María Rodríguez es historiadora egresada de la UNMSM. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos; y actualmente se encuentra cursando la maestría en Gerencia Social en la PUCP. Es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria y asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Peru.