Publicado en rightsperu.net

Una audiencia está programagada en el sede de la Sala Penal Nacional para el 26 de marzo en la cual se dictará la tercera sentencia por el caso de desaparición forzada de 4 campesinos, Severino Quispe, Albino Quino, Tineo Pérez y Martín Escriba, en la comunidad de Matero, Ayacucho, entre el 26 y 30 de julio de 1986. Las dos sentencias anteriores fueron emitidas en los años 2008 y 2010, y ambas fueron anuladas por la Corte Suprema. 

En agosto del 2008 la Sala Penal absolvió a los 5 imputados, tres policías y dos militares: Capitán de la PIP Silvio Hugo Sartor Espinoza, Mayor de la PIP Teodoro Maraví Gómez, y el miembro de la Policía Javier Augusto Culquicondor Díaz; así como el Teniente Coronel del Ejército Carlos Armando Bardales Angulo y Teniente del Ejército Marino Nemesio Ambia Vivanco. La absolución fue basada en la desestimación de la evidencia vertida por la Fiscalía y la parte civil —el testimonio de familiares de las víctimas, que fueron testigos presenciales de la detención— con el argumento que dichas personas tenían "un interés directo en el resultado, y con una carga de subjetividad, que se advierte se sus propios declaraciones....” (Sentencia del 8 de agosto del 2008, Sala Penal Nacional).

Tanto el Ministerio Público como los familiares y sus abogados criticaron duramente la sentencia, que luego fue anulada por la Corte Suprema, por lo menos con respecto a 3 de los imputados, y se ordenó la apertura de un nuevo juicio oral.

Sin embargo, en el nuevo juicio oral, la Sala Penal volvió a absolver a los tres imputados en abril de 2010: los ex militares Carlos Bardales, Marino Ambia y el policía Javier Culquicóndor. Mientras la Sala confirmó la detención y desaparición forzada de los agraviados, argumentó que no hubo órdenes ni evidencia de que los tres imputados sean los responsables. Para ello, exigieron una prueba directa —una orden escrita— que casi nunca se dan en casos de desaparición forzada, que de hecho es una práctica clandestina e ilegal. Nuevamente la Fiscalía y los abogados de las víctimas apelaron, y La Corte Suprema volvió a anular la sentencia.

En este tercer juicio para el caso Matero, el único acusado es el oficial EP Marino Nemesio Ambía Vivanco (a) “Rubén” o “Robin", jefe de la patrulla que efectuó las detenciones, y que ha sido reconocido por los familiares y pobladores de la zona.

Este caso pone en evidencia la tendencia de la Sala Penal Nacional a absolver a los altos mandos (el capitán, teniente coronel y mayor) mientras que la responsabilidad recae en los ejecutores directos. Ello contradice la jurisprudencia del mismo Poder Judicial peruano —por ejemplo, la sentencia a Fujimori, que responsabiliza a los autores intelectuales o mediatos y establece la cadena de mando— así como jurisprudencia internacional al respecto.