El Estadio de Huanta era utilizado como centro de detención y tortura por los militares durante la época de la violencia en el Perú

Por: Jo-Marie Burt & María Rodríguez

Nota publicada originalmente en RightsPeru, 2 de marzo de 2013—La lectura de sentencia en el caso de torturas en el Estadio de Huanta en 1984 fue originalmente convocado para el día jueves 28 de febrero, pero se suspendió hasta el día viernes por razones no explicadas.

El día viernes, la Sala Penal Nacional dio a conocer su sentencia: absolvió al único imputado en el caso, el ex Jefe Político Militar y jefe del destacamento de la Marina, el entonces Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, por el delito de lesiones graves (tortura) en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga.

En la lectura de sentencia, los magistrados reconocieron que Navarrete y Yaranga habían sido detenidos, llevados al Estado de Huanta, que sirvía en ese momento como base militar de la Marina, y sometidos a crueles torturas. Reconocieron que no fue un episodio aislado, sino una práctica sistemática que por tanto se constituye en crímen de lesa humanidad. También reconocían que SIlva Santisteban era el jefe de la base y por tanto el autor mediato del crímen. Pero —utilizando una lógica poca entendible— los magistrados aducen que al no haber signos visibles de lesiones graves en las víctimas ahora —29 años después de los hechos— tenían que absolver al imputado.

La Dra. Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODEH y abogada de las víctimas, cuestionó severamente a la La Sala, pues con esa sentencia "penaliza a las víctimas por haberse curado sus heridas."

La sentencia representa una larga lista de absoluciones que va emitiendo la Sala Penal Nacional que es de suma preocupación para los defensores de los derechos humanos.

Los dejamos con una nota elaborada por APRODEH, institución de derechos humanos que representa a las víctimas en el caso.

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Nota publicada por APRODEH el 01 de marzo de 2013

La Sala Penal Nacional absolvió al ex Jefe Político Militar  y jefe del destacamento de la Marina, el entonces Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco por el delito de lesiones graves (tortura) en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga.

Esta controversial absolución se dio pese a que la Sala reconoció que los agraviados fueron detenidos por los miembros de la marina, ingresados al Estadio Municipal de Huanta (donde se encontraba ubicada la base militar de la Marina de Guerra), interrogados y sometidos a torturas por parte de sus captores, probando de esta manera, que el acusado tenía responsabilidad sobre las acciones que se realizaban dentro de dicha base, pero que no existe evidencia suficiente que corrobore la lesión física o daño psíquico como secuela de dicha tortura.

Para la doctora Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y representante de los agraviados, “esta sentencia es contradictoria porque la Sala reconoció que estos hechos ocurrieron, no solo por los testimonios de los agraviados, sino también por los innumerables relatos  que se presentaron en el juicio, los recortes periodísticos sobre detenciones y desapariciones en Huanta y la declaración del propio acusado.

Asimismo,  se probó la existencia de un aparato organizado de poder donde Silva Santisteban es el autor mediato y pese a esto, lo absuelven porque no se probó que las secuelas de la tortura sufrida, fueran de carácter permanente”.

Asimismo, por toda la documentación existente, la Sala reconoció que estos hechos no fueron aislados, sino una práctica sistemática, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.

Pese a la absolución, y tomando como ciertos los innumerables testimonios y documentos que se encuentran en el expediente, la sala dispuso la remisión en copias certificadas de los mismos a la fiscalía de Ayacucho para que ésta investigue  la presunta comisión de delitos sucedidos en esos años en Huanta por los miembros de la Marina.

La fiscalía expresó su total rechazo a la absolución, por lo cual, inmediatamente terminada audiencia, impugnó la sentencia por considerar que si está acreditada la comisión del delito.

La Dra. Cano informó que APRODEH en representación de las víctimas presentará recurso de nulidad y va a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la decisión tomada por el poder judicial.

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