No tuve la suerte de conocerlo. Muchos no lo conocemos, pues muy joven, Ernesto Castillo Páez fue violentemente extraido de este mundo, hoy hace exactamente 23 años.

El día domingo, 21 de octubre de 1990, Ernesto, estudiante de sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, caminaba por Villa El Salvador cuando fue interceptado por patrullas de la policia. Había habido una serie de atentados en el distrito esa mañana, y el operativo tuvo la finalidad de capturar a los responsables. Los vecinos del grupo 17 del segundo sector de Villa El Salvador vieron a la policia llevar a Ernesto detenido. Desde entonces, jamas fue visto. Eso sucedió el día de hoy hace 23 años.

Los padres de Ernesto, Carmen y Cromwell Castillo, nunca dejaron de buscarlo ni exigir justicia para los perpetradores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de su hijo. En su largo andar por verdad y justicia se fueron encontrando, como ha sido el destino de muchos en América Latina, con otros que corrieron la misma suerte: de sufrir la imposición violenta de la ausencia de un ser querido, a manos del Estado, a manos de quienes, se supone, pagados con los impuestos de los ciudadanos, están para protegernos.

En los 90 —la década de ignominia cuando los buenos jueces fueron enviados a sus casos y la mayoría que quedaron fueron cómplices de la dictadura fujimorista— fue practicamente imposible conseguir verdad y justicia en casos como el de Ernesto. Ante ello, los padres de Ernesto presentaron el caso ante el sistema Interamericano.

En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenando al Estado peruano por la desaparición forzada de Ernesto Castillo Páez.

Pero imperaba en el Perú las leyes de amnistia impuestas por el Congreso fujimorista que tuvieron como principal objetivo proteger no a los ciudadanos sino a los verdugos de atroces crimenes como éste. No fue sino hasta 2001 cuando la misma Corte Interamericana emitiera sentencia en el caso de Barrios Altos, declarando que las leyes de amnistia violaban la Convención Americana de Derechos Políticos y Civiles, y por tanto carecían de efecto jurídico. Sólo entonces, y con el empuje de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que recomendó la persecución penal de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante los 80 y 90, el caso pudo llegar a juicio. Fue el primer caso de desaparición forzada que llegó a juicio en el Perú.

Demoró varios años mas, pero en 2006 la Sala Penal Nacional emitió sentencia en el caso —la primera sentencia condenatoria a agentes del Estado en un caso de violación a los derechos humanos. Por primera vez en la historia la justicia peruana reconció el crímen de desaparición forzada como tal, y condenó a cuatro policias a 15 y 16 años de prisión. (La Sala absolvió a otros 12 policias, incluso los que serían los autores intelectuales de la desaparición forzada de Ernesto y del encubrimiento del hecho.) La justicia tardó¬ —mucho— pero llegó.

Hasta cierto punto, es necesario agregar, puesto que el cuerpo de Ernesto nunca fue encontrado. Los policias nunca quisieron decir que pasó con Ernesto ni donde está su cuerpo.

A lo largo de los años he podido hablar detenidamente con Cromwell Castillo, el padre de Ernesto. Me impresionan sus ojos, que miran intensamente pero no logran esconder una profunda y irreconcilable tristeza, la tristeza que solo tienen quienes han perdido un hijo o una hija. Siendo madre solo puedo imaginar la profunidad de su desolación no solo por el hecho de haber perdido a su hijo pero por no saber que pasó con él ni saber donde está su cuerpo y no poder enterrarlo. El hueco negro, hondo, que deja en su corazón, en su vida, la ausencia de Ernesto. También me impresiona su determinación a seguir en la búsqueda de su hijo, a pesar de todo.

Pero en estos últimos meses la justicia que ha sido el consuelo de Cromwell ahora lo siente como una cachetada en la cara. La Sala Penal Nacional ha otorgado la semi-libertad a tres de los perpetradores de la desaparición forzada de Ernesto. Y ahora, están contemplando hacer lo mismo para último perpetrador, Juan Carlos Mejía León, quienes los vecinos de Villa El Salvador señalan como quien llevó detenido a Ernesto. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante para oponerse a tales medidas, pero en vano.

Asombra que el sistema de justicia pueda mostrar tanta bondad hacia los perpetradores de crimenes contra la humanidad como ellos mismo calificaron la desaparición forzada a Ernesto Castillo Páez en su sentencia, y con los familiares tanta frialdad. Como condición mínima de concederles a los perpetradores la semi-libertad, les habrán obligado a decir que pasó con Ernesto y donde está su cuerpo. Para que sus padres le puedan dar una cristiana sepultura y descansar sabiendo que tienen donde velar a su hijo. Su hijo, que nunca mas regresará de la universidad, nunca nás podrán abrazar, nunca más podrán decirle te quiero, hijo mío.

Hoy día, muchos harán presencia ante el Palacio de Justicia al lado de los padres de Ernesto Castillo Páez para demandar que no den libertad al verdugo de Ernesto. Haremos presencia también quienes estamos lejos con nuestras corazones en la mano en solidaridad con Cromwell y Carmen, y los familiares de los 16,000 desaparecidos del Perú, hasta encontrarlos.